La Comisión Europea denunció a España ante el Tribunal de Justicia de Luxemburgo (TUE) por no aplicar la norma de la UE sobre los derechos de los accionistas de las empresas que cotizan en bolsa, pese a que el plazo para hacerlo venció el 3 de agosto de 2009.

El Ejecutivo comunitario alertó de que este incumplimiento hace que los accionistas españoles no disfruten de los mismos derechos que se tienen en otras partes de Europa.

La directiva en cuestión establece una serie de normas mínimas para asegurar que los accionistas de las empresas cuyas acciones coticen en un mercado regulado de la UE tengan, antes de celebrarse la asamblea general, el debido acceso a la información pertinente y dispongan de medios sencillos para ejercer su voto a distancia.

Además, exige la publicación de documentos en Internet y que se permitan el voto por procuración y la participación electrónica. Asimismo, la directiva suprime el bloqueo de acciones e introduce algunas normas mínimas para regular el derecho a formular preguntas, añadir puntos al orden del día de la asamblea general y presentar resoluciones.

La Comisión denunció también ante el TUE por el retraso en la aplicación de esta norma a Bélgica, Chipre, Grecia, Francia, Luxemburgo, Países Bajos y Suecia.