La ex candidata presidencial colombiana Ingrid Betancourt, que estuvo secuestrada por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) durante más de seis años, afirmó que con esas acciones pretende exponer una serie de hechos "para ver si hay lugar a una indemnización".

Betancourt lamentó en una entrevista concedida a Caracol Radio que se haya producido en Colombia una gran confusión en relación a su solicitud de conciliación judicial con los ministerios de Defensa e Interior, que sería el paso previo a una hipotética demanda al Estado por no haberle garantizado la seguridad necesaria antes de su secuestro y no haber actuado de forma adecuada para lograr su liberación.

En relación a la citada petición de conciliación, Batancourt afirmó que "no es una demanda. Es la posibilidad de sentarse con el Estado colombiano a exponerle a unos hechos para determinar si hay o no lugar a una indemnización".

En los últimos días ha existido una gran polémica en Colombia después de que Betancourt, que fue secuestrada en 2002 en una localidad del sur del país y liberada en 2008 en una operación militar, anunciara que iba a pedir al Estado colombiano una indemnización de 15.000 millones de pesos (más de seis millones de euros) por los perjuicios que le causó a ella y a su familia su secuestro.

Esta petición ha causado indignación en amplios sectores de la sociedad colombiana, empezando por el actual Gobierno, que calificó de "acto de codicia, ingratitud y oportunismo que merece el rechazo de los colombianos" la petición de Betancourt.

Alimentan esta indignación el hecho de que, según reconoció la propia Betancourt, desoyó los consejos de los que le dijeron que no fuera a la zona del departamento de Caquetá donde finalmente fue secuestrada por la gran presencia allí de guerrilleros de las FARC.

También el hecho de que Betancourt fuera liberada en una operación del Ejército, que forma parte del mismo Estado al que según sus detractores pretende ahora demandar.

La ex candidata, sin embargo, negó que si no se produce el procedimiento de conciliación vaya a demandar al Estado, al tiempo que afirmó que las críticas por su secuestro y la posterior gestión de la situación no se refieren al actual Ejecutivo del presidente Álvaro uribe, sino al anterior, encabezado por Andrés Pastrana.