Los sindicatos de trabajadores de cajas de ahorros pidieron que se suspenda la aplicación del Real Decreto Ley, que entra este miércoles en vigor, por considerar que supone "una burda e inaceptable privatización progresiva de las cajas de ahorros en España".

Además, los sindicatos denunciaron que esta reforma supone "terminar con el sistema de ahorro social representado por las cajas, que ha estado en vigor en España (funcionando con eficacia y un gran apoyo social, con más del 50% de cuota de mercado) en los últimos 130 años".

Además, los recurrentes se entrevistaron este miércoles con el presidente de la CECA, Isidro Fainé, y con el director general, José Antonio Olavarrieta, para tratar distintas cuestiones. Asimismo, acudieron al Palacio de La Moncloa para consultar el expediente sobre la aprobación del Real Decreto Ley y reforzar sus argumentos expuestos en el recurso.

Los sindicatos consideraron que el Gobierno aprobó la reforma de la Ley de Cajas el pasado viernes con "gran precipitación" y sin contar con el consenso previo de los agentes económicos y sociales afectados por la reforma.

Los impugnantes defendieron que la entidad financiera de crédito que resulte de cada Sistema Institucional de Protección (SIP) aprobado tenga la naturaleza de caja de ahorro y "nunca" de banco privado y exigieron que se aplique el convenio de las cajas.

"La falta de consulta a los sectores afectados y la elección de la forma del Decreto Ley constituyen defectos esenciales y determinantes que suponen la nulidad radical y de pleno derecho del Decreto impugnado", explicaron los recurrentes.

Los sindicatos esperan que tanto el Tribunal Supremo como el Tribunal Constitucional procedan a su anulación inmediata y que se inicie un proceso de reforma legislativa del sector financiero, donde se mantenga el carácter público de las cajas y sus principios de la obra social.

El Consejo de Ministros aprobó la reforma de la LORCA el pasado viernes, que, entre otros cambios, permitirá a estas entidades emitir cuotas participativas con derechos políticos, similares a las acciones de las sociedades anónimas, por un importe no superior al 50% de su patrimonio.