Los hechos se remontan a 2004, cuando la Asociación de Empresas Operadoras y de Servicios de Telecomunicaciones (Astel), patronal que engloba a las principales operadoras exceptuando a Telefónica, demandó a la multinacional presidida por César Alierta por abuso de su posición dominante al vincular "la prestación de determinados servicios a la inexistencia de preasignaciones con operadores competitivos" y por realizar campañas "desleales" de publicidad que "producen confusión en el usuario y denigran a los competidores".

Con motivo de esta denuncia, el Tribunal de Defensa de la Competencia (TDC) en abril de 2004 impuso una multa de 57 millones de euros al ex monopolio que, el 31 de enero de 2007, fue anulada por la Audiencia Nacional.

Posteriormente, en julio de 2007, el Abogado del Estado presentó ante la sala de lo Contencioso Administrativo del Supremo un recurso de casación y, finalmente, seis años después de la sanción del TDC, una sentencia del Supremo avala la decisión de la Audiencia Nacional y desestima el recurso.

De acuerdo con la información que adelanta el diario 'Cinco Días' en su edición de hoy con esta sentencia el Supremo anula la "mayor multa" impuesta por el TDC a una empresa en solitario.

En concreto, la sentencia del Supremo determina que, si bien de 1999 a 2002 --tiempo en el que se desarrolló la conducta a la que se refiere el expediente-- la compañía disponía de una posición de dominio en el mercado de la telefonía fija, no cabe "subsumir actos desleales (...) en la conducta abusiva de posición dominante, de forma que cualquier acto de competencia desleal llevado a cabo por una empresa en posición de dominio conlleve un abuso de la posición de dominio".

Asimismo, el fallo determina que no existe prueba de distorsión o daño grave de las condiciones de competencia en el mercado producida por actos desleales consistentes en la recuperación de cuota de mercado de la telefonía fija por Telefónica y pérdida correlativa de cuota de mercado de sus competidores.

Además, en referencia a los daños causados por la campaña publicitaria desleal, la sentencia determina que "no tiene apoyo probatorio ni en la resolución impugnada ni en el expediente administrativo".