"En el caso de que no se cumplan los requisitos, es decir, que no se acepte un curso de formación, no se quiera participar en itinerarios laborales o se rechacen ofertas del Servicio Público de Empleo, podría ser, efectivamente, objeto de la retirada de la prestación", señaló Corbacho en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

Corbacho recordó que la actual legislación ya contempla una serie de sanciones para los beneficiarios de estas prestaciones que se niegan a cumplir los requisitos, aunque el Gobierno entiende que hay que caminar hacia un mayor peso de las políticas activas de empleo en el funcionamiento del mercado laboral.

De hecho, el grupo socialista ha presentado una enmienda a la reforma laboral a su paso por el Senado que obliga a los desempleados a atender a los cursos o actividades de motivación e inserción laboral desde el primer día que cobren la prestación si no quieren ser sancionados.

Esta enmienda, que propugna la pérdida de la prestación si el desempleado rechaza estas acciones durante los tres primeros meses, no ha gustado nada a los sindicatos, que entienden que mejorar la ocupabilidad de los parados no pasa por sancionarles, sino por aumentar la inversión en políticas activas de empleo para adecuarlas a las necesidades del mercado de trabajo