El ministro francés de Inmigración, Eric Besson, defendió este martes ante la Comisión Europea que las medidas adoptadas por Francia para expulsar a los gitanos rumanos y búlgaros asentados en campamentos desmantelados este verano son acciones que respetan "escrupulosamente" las normas europeas.

"No ha tenido lugar ninguna expulsión colectiva", insistió en rueda de prensa el ministro que, además, calificó de "tonterías" las acusaciones de este tipo y tachó de "ridículas" las críticas que consideran estas medidas racistas. "Desafío a que encuentren una sola palabra de un responsable político francés que haya estigmatizado a nadie", añadió.

Tras una reunión con la vicepresidenta del Ejecutivo comunitario y comisaria de Justicia, Viviane Reding, y con la comisaria de Interior, Cecilia Malmström, Besson negó que haya un "plan contra los romaníes o contra los nómadas" y anunció que viajará a Bucarest los próximos 9 y 10 de septiembre para continuar las discusiones con el Gobierno rumano.

Según el discurso de Besson, Francia aplica la legislación comunitaria "en todas sus disposiciones" y advirtió de que le corresponde a París decidir el "modo" en que transpone las leyes europeas, incluida la enmienda al proyecto de la ley de inmigración que presentará a finales de septiembre.

Besson quiso dejar claro que la libertad de movimiento dentro de la Unión Europea "crea derechos, pero también obligaciones". Entre estas exigencias, añadió, se incluye el respeto del orden público, no ser una carga excesiva para la protección social y tener recursos suficientes para mantenerse más allá de tres meses.

En este sentido, el ministro de Inmigración aseguró que "todos" los países europeos toman medidas de este tipo contra ciudadanos de otros Estados miembros que no cumplen las leyes y apuntó que Francia ha expulsado en 2009 a más de 500 ciudadanos comunitarios que no eran rumanos ni búlgaros.

En respuesta a las dudas de la Comisión y otras voces críticas, Besson pidió a la UE y sus gobiernos que compartan "principios esenciales", entre ellos el que la libertad de circulación y estancia es un derecho "formidable", pero "que no puede ser incondicional".

"Esa libertad no puede servir de pretexto para cometer actividades ilícitas, especialmente tráfico de seres humanos", insistió, para poner como ejemplo la "explotación" de menores obligados a mendigar o a delinquir.

PLAN URGENTE PARA INTEGRACIÓN

Besson acudió a Bruselas acompañado por el secretario de Estado de Asuntos Europeos, Pierre Lellouche, y con "dos informes completos, con datos y argumentos jurídicos" que defienden la legalidad de las medidas lanzadas por París.

Lellouche planteó las dudas sobre el destino de los fondos destinados a la integración de este colectivo en Rumanía y pidió que las ayudas lleguen "a la población que más la necesita".

El ministro Besson también insistió en pedir responsabilidad a las autoridades rumanas para que éstas pongan en marcha un "plan de urgencia" que favorezca la inserción de la población gitana rumana en la sociedad del país, con "objetivos y fechas concretas".

Las autoridades galas sostienen que "no ha habido ninguna expulsión masiva" y que la mayor parte de los deportados han regresado a sus países de origen "voluntariamente", tras "admitir su situación irregular" en Francia y recibir una "ayuda humanitaria para el retorno" de 300 euros para los adultos y 100 euros para los menores.

Ante las dudas de que se hayan estudiado caso por caso las expulsiones cuando han ido hasta 80 personas en un mismo avión, el ministro ironizó y dijo "no haber leído en ningún sitio que no pueda haber más de un expatriado en los vuelos de regreso al país de origen".

Además recalcó que los regresos "forzosos" se han basado en órdenes judiciales y que los desmantelamientos de campamientos se produjeron siempre por orden de un juez contra quienes vulneraron el derecho de propiedad por ocupar terrenos ajenos.