El comisario europeo de Agricultura ha presentado ante el Parlamento Europeo sus propuestas de reforma de la Política Agrícola Común (PAC), adoptadas por la Comisión y que se pondrán en marcha a partir de 2014, y entre las que se incluyen un cambio del cálculo de las ayudas directas que perjudica a España.

El fondo que propone crear la CE serviría para reaccionar ante "una pérdida de confianza por parte de los consumidores ocurrida a gran escala".

La Unión Europea acordó pagar a España 71 millones de euros por las pérdidas ocasionadas como consecuencia del brote infeccioso de la bacteria 'E.coli' el pasado verano.

España fue el país más perjudicado debido a que las autoridades alemanas señalaron en principio a unas partidas de pepinos nacionales como origen de la infección, aunque más tarde se demostró que no era así. La acusación hizo que las exportaciones de hortalizas y verduras españolas se desplomaran.

El comisario también ha planteado la creación de una cláusula de perturbación excepcional para afrontar "los imprevistos más graves".

Ciolos ha defendido que, en caso de crisis, la Comisión Europea "debe poder adoptar medidas de urgencia sin ningún retraso" y se ha remitido a lo ocurrido este verano con la crisis alimentaria provocada por el brote infeccioso ligado a la bacteria "E.coli".

"Tenemos que estar armados para afrontar las crisis desde el momento en que ocurren y no con meses de retraso" y después de "haber puesto por tierra" al sector, ha subrayado.

Para el comisario, hace falta "efectividad y capacidad de reacción", ya mediante el recurso a una "intervención", a un almacenamiento privado "realmente operativo" o con la puesta en marcha de medidas excepcionales adicionales.

En el mismo contexto, el comisario propuso "una nueva herramienta para la gestión de las crisis", dentro de las medidas de desarrollo rural, que permitirá combatir la volatilidad de los precios.

Por otra parte, Ciolos planteó cambios que afectarán a las organizaciones de productores y les permitirán, según el comisario, "afrontar las crisis cada vez más numerosas y brutales".

Para ello plantea facilitar el reconocimiento a nivel nacional de las filiales de organizaciones y asociaciones de productores, incluidas las interprofesionales.

"Nada justifica que se impida a las organizaciones de productores garantizar una planificación y un ajuste de la producción en función de la demanda del mercado, en particular en términos de calidad y cantidad, cuando todas las grandes empresas lo hacen", ha señalado.