Según un informe de la Abogacía del Estado, cuyo contenido avanzó el diario ELMUNDO, Trabajo consintió que un consejo creado dentro del organismo considerase a Upta-UGT la asociación más representativa del sector, manipulando los criterios de valoración.

La diputada del PP Fátima Báñez afirmó a este diario que "es una vergüenza que, con un informe demoledor de la Abogacía, el ministro no haya dado explicaciones". Báñez exigió al ministro de Trabajo que haga público ese informe y explique "por qué tomó la decisión" de beneficiar a la asociación de UGT. "Tiene que decir si va a rectificar una decisión que es arbitraria e irregular a ojos de la Abogacía del Estado".

Lo ocurrido "roza el pucherazo", aseveró la parlamentaria del PP. "Nosotros no defendemos a ninguna asociación, defendemos a todas, la objetividad y el interés general".

Mientras, el presidente de la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (Ata), Lorenzo Amor, espetó al ministro que "se han lesionado derechos". El trato de favor a Upta-UGT "es un insulto y una tomadura de pelo para los autónomos. Negligente no es sólo el que compete una negligencia, sino quien, a sabiendas de que se ha cometido, calla y la oculta", agregó Amor.

Valeriano Gómez tiene en su poder el contundente informe de la Abogacía del Estado (que reproducimos aquí íntegramente) desde el 21 de julio, sin que haya hecho nada para corregirlo. Un portavoz del Ministerio de Trabajo afirmó a este diario que su departamento "dirá algo cuando lo tenga que decir".

Lo cierto es que el informe de la Abogacía del Estado ya apunta qué puede hacer el ministro ante las irregularidades detectadas. Gómez tenía "la posibilidad de sustituir a los miembros del Consejo" que examinó la representatividad y también pudo "avocar las competencias del órgano administrativo", es decir, tomar la decisión él mismo ante la evidencia de estas irregularidades.

La Abogacía recuerda al ministro que la ley "prevé el procedimiento de declaración de lesividad de los actos administrativos declarativos de derechos". Y le ampara a que, «de oficio o a instancia del interesado, pueda revisar los actos administrativos que incurran en error aritmético, material o de hecho".

La asociación beneficiada, Upta, trató de deslegitimiar la información de EL MUNDO negando la existencia del informe que aparece sobre estas líneas. Y denunciando la existencia de una "campaña alentada por algunas asociaciones de autónomos disconformes con el resultado" que el consejo dio a la representatividad en el sector, según Servimedia.