Los habitantes de estas casas, dijo Ruweidi, podrían ser acusados en los tribunales israelíes de haber quebrantado las normas que impiden la construcción a los palestinos bajo el pretexto de que necesitaban licencias renovables.

Esta cifra, explicó en declaraciones difundidas por la agencia de noticias palestina Maan, no incluye las viviendas que ya han recibido órdenes firmes de demolición emitidas por el Ayuntamiento de Jerusalén o de los tribunales israelíes.

Las familias palestinas que ocupan estas viviendas viven una constante situación de miedo, ya que su casa podría ser demolida en cualquier momento.

El objetivo de Israel, dijo, es obligar a los palestinos que viven en Jerusalén a pagar grandes sumas de dinero a ingenieros y abogados, así como importantes fianzas por lo que consideran violaciones de la normativa sobre construcción.

Ruweidi recordó que, en cualquier caso, la Autoridad Palestina ayuda a los jerusalemitas palestinos a costear los honorarios de abogados e ingenieros. Sin embargo, reconoció que estas ayudas no son suficientes y pidió la colaboración de los países árabes y musulmanes.