El alcalde de Vic (Barcelona), Josep Maria Vila d'Abadal (CiU), comunicará "sin miedo" a la Delegación del Gobierno en Cataluña los casos de inmigrantes 'sin papeles', después de que la Comisión Europea (CE) advirtiera ayer a España de que no puede tolerar la inscripción de inmigrantes irregulares en el censo.

La comisaria europea de Interior, Cecilia Malmström, respondió así a una pregunta parlamentaria planteada por el eurodiputado de CiU Ramon Tremosa sobre la legalidad de la decisión del Ayuntamiento de Vic de no empadronar a extranjeros sin visado, que finalmente no se llevó a la práctica.

En declaraciones a Europa Press, Vila d'Abadal afirmó que seguirán empadronando "a todo el mundo tal y como pidió el Estado", pero explicó que a partir de ahora, y tras el respaldo de Bruselas, comunicarán "sin miedo" a la Delegación del Gobierno en Cataluña los casos de inmigrantes en situación irregular.

Mälstrom recordó que la normativa comunitaria obliga a los Estados miembros a "expedir una decisión de retorno contra cualquier nacional de un tercer país que se encuentre en situación irregular en su territorio", y añadió que cuando tengan conocimiento de esta situación, deben expulsar o regularizar a los inmigrantes.

"Nuestra decisión fue transparente y honrada", dijo Vila d'Abadal, que afirmó este viernes que no es "ético" empadronar a inmigrantes que no tienen permiso de trabajo y que por lo tanto son presa fácil de la explotación. Por esto, manifestó su "ilusión" por el posicionamiento de la CE, que señaló que el objetivo de la normativa es reducir las 'zonas grises' y la explotación, así como dar seguridad jurídica a todas las partes implicadas.

Asimismo, el democristiano expresó su "satisfacción y tranquilidad" por la respuesta al considerar que restituye el buen nombre de la ciudad y demuestra que Vic "tenía razón e hizo las cosas bien hechas".

A su juicio, la CE confirma la legalidad de la decisión y el "acierto"  del secretario jurídico del Consistorio y del informe elaborado por el bufete de abogados Roca Junyent, que la avalaron, por lo que exigió una rectificación pública de los partidos y medios de comunicación que les tildaron de "xenófobos".

El Estado "tendrá que cumplir" la normativa europea, dijo, porque, aunque la Comisión no puede tomar medidas formales antes del 24 de diciembre de 2010 --fecha límite para incorporar la Directiva de retorno--, la comisaria pidió "velar" por su cumplimiento "tan pronto como sea posible".