La decisión de la gobernadora de Arizona, Jan Brewer, de sancionar la ley que facilita la detención y expulsión de inmigrantes en su estado, y que ha sido tachada de racista desde numerosos ámbitos, sigue generando reacciones de rechazo a ambos lados de la frontera en los ámbitos político, religioso y social.

Además de las numerosas críticas por parte de políticos mexicanos y estadounidenses, esta ley --cuyos promotores defienden como una solución al incremento de la inseguridad en las regiones fronterizas de Arizona, de la que culpan a inmigrantes ilegales mexicanos-- amenaza con desatar una ola de boicots contra este estado.

Así, la Asociación Americana de Abogados de Inmigración ha asegurado que cancelará la convención nacional que iba a celebrar este otoño en Arizona por la aprobación de esta polémica ley, que permite, por ejemplo, que la Policía detenga e inicie los trámites de expulsión de todos los extranjeros que no puedan acreditar que se hallan en EEUU de forma legal.

Por otro lado, numerosos camioneros independientes de origen hispano acordaron que no iban a trasladar ni recoger cargas desde y hacia Arizona en protesta por la legislación aprobada. Esta medida podría tener un gran impacto en la medida de que en torno al 40 por ciento de las exportaciones mexicanas de frutas y verduras hacia Estados Unidos pasan por la ciudad fronteriza de Nogales, situada en Arizona, informa el diario mexicano 'El Universal'.

Por su parte, dos asociaciones de estadounidenses de origen hispano praparan medidas legales contra la legislación, que en su opinión vulnera los derechos fundamentales.

Así, el Fondo Mexicano-Estadounidense de Defensa Legal y Educación (Madelf, en sus siglas en inglés), afirmó en un comunicado que presentará una querella contra la ley porque en su opinión "lanza a Arizona en una espiral de temor, desconfianza en las comunidades, creciente criminalidad y litigios costosos, con repercusiones para todo el país".

Por otro lado, William Sánchez, presidente de la Coalición Nacional del Clero Latino y el Fondo de Dirigentes Cristianos para la Defensa Legal, un grupo que representa a unas 30.000 iglesias evangélicas en todo el país y al que pertenecen 300 pastores de Arizona, afirmó que también actuaría legalmente contra una ley que ha provocado que "millones de latinos" en todo Estados Unidos estén "conmocionados".

Por su parte, el presidente del país, Barack Obama, afirmó en referencia sobre la ley eprobada en Arizona que estaba "mal encaminada".

En lo que respecta a México, esta legislación ha provocado desde el momento de su sanción la crítica unánime de su clase política. Este rechazo, además, se traducirá en una declaración de protesta que esta semana aprobará el Congreso mexicano, según informó el senador Santiago Creel.