La demanda, presentada por el colectivo el pasado 5 de marzo, iba dirigida contra la modificación de las condiciones de trabajo de los controladores operada por el Real Decreto lanzado por el Gobierno el pasado 5 de febrero.

El juez considera que la ley del Gobierno fue "necesaria, idónea y proporcionada" para corregir en el plazo "más breve posible" una situación "calamitosa" originada por el convenio colectivo de los controladores, situación que se convirtió "en un estado de excepción permanente que ha durado 20 años".

Asimismo, determinaron que los derechos fundamentales no son "absolutos" y que se trata de garantizar la seguridad y la continuidad del servicio público del tránsito aéreo.